El impacto social debe ser la piedra angular de la actuación de la empresa española en el exterior
· El nuevo marco normativo brinda una oportunidad única a
empresas y Gobierno para que la inversión privada en el exterior sea
responsable
En un momento en el que la actuación de
las empresas españolas en el exterior está en el punto de mira y ante el enorme
peso que tiene su internacionalización en la economía doméstica, representando
un 42% del PIB, es clave que el impacto de la inversión española en el
extranjero sea positivo. Con ello se contribuye a crear crecimiento económico
sostenible, a reducir la pobreza y a respetar los derechos humanos. Esta es la principal conclusión
del nuevo informe de Intermón Oxfam “La empresa española y los derechos
humanos. Claves para una internacionalización responsable” presentado
hoy.
El documento, que analiza el rol del sector privado
español en el extranjero, principalmente el del sector agroalimentario, resalta
que para que este impacto sea positivo, las empresas han de regirse por principios responsables, salvaguardando las comunidades allí en
donde operan. El Gobierno ha
de ser sólido garante de que las empresas españolas no vulneran los derechos
humanos y la ciudadanía debe movilizarse y pedir
cambios en prácticas y políticas al sector privado optando también por otras
formas de consumo como el
comercio justo. Sin
embargo, el informe constata que el sector privado español en el extranjero
debe mejorar este impacto ante las malas
prácticas detectadas en
distintas compañías.
“En un contexto de crisis, es
comprensible que se impulse la salida de las compañías a terceros países, pero
esta internacionalización no
debe hacerse a cualquier precio: no en perjuicio de las personas, de
las comunidades y de la vulneración de sus derechos.
Con una inversión responsable ganamos
todos: la empresa será mejor
valorada y con ello aumentarán sus ventas; el Gobierno obtendrá la mejor carta
de presentación de España ante el exterior “, explica el director del departamento de Campañas y
Ciudadanía de Intermón Oxfam, Jaime Atienza.
“Para las comunidades rurales –continúa Atienza- será edadija
poriproductos de comercio justo. un auténtico motor de cambio que creará empleo
de calidad, traerá tecnología y conocimiento, en definitiva, contribuirá a
reducir la pobreza, y para los ciudadanos será garantía de que los productos
que consumen contribuyen a un sistema alimentario más justo”.
Internacionalización, no a cualquier
precio
A pesar de que hay casos de
inversión responsable, como la iniciativa M-PESA que Vodafone ha llevado a cabo
en Kenia con un servicio bancario por telefonía móvil que ha beneficiado a más
de 9 millones de hombres y
mujeres, la investigación
detalla distintos estudios de caso en las que las prácticas empresariales han
de mejorar. En Latinoamérica, la compañía española Pescanova, la primera proveedora de pescado
del mundo, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por prácticas laborales abusivas.
Según el Tribunal Permanente de los
Pueblos en Nicaragua, los trabajadores de esta filial están obligados a cumplir
jornadas de 12 horas sin
descanso semanal, las condiciones de salubridad son malas y la empresa ha
limitado el derecho de los trabajadores a sindicarse.
Asimismo, desde que Hidralia llegó al municipio guatemalteco de
Santa Cruz de Barillas para construir una hidroeléctrica, está ocasionando grandes conflictos en las
comunidades, ya que no tuvo
en cuenta los resultados de una consulta comunitaria previa que rechazaba la
inversión. La imposición de la hidroeléctrica y la insuficiente información y
consulta a las poblaciones inició
un conflicto que aún persiste y que ha dejado un balance de dos personas
muertas, más de 30 órdenes de captura y la orden de un estado de sitio, medidas
desmesuradas según ha calificado el Alto Comisionado de las NN. UU.
Ante estas malas prácticas, el
informe recomienda, entre otras acciones, que las empresas realicen sus
inversiones con la premisa de que su actividad sea un valor añadido también para las comunidades rurales,
los pequeños agricultores y el medio ambiente. Las compañías deben de prever
las repercusiones sociales y
medioambientales que su
actividad puede ocasionar a lo largo de toda su actividad, y ser transparentes señalando dónde y cómo producen, y poniendo en marcha políticas específicas de
mujeres.
El informe también detalla la
actuación que la empresa arrocera Ebro Foods está llevando a cabo en Marruecos.
En lugar de ser un motor económico, las comunidades se quejan de
que ha sido una fuente de problemas. Ebro Foods se ha beneficiado
de mano de obra barata, tierras y agua, sin que a cambio haya capacitado
a los agricultores ni haya invertido en sus instalaciones. Además, el alto uso de
fertilizantes ha contaminado las aguas. Otro
ejemplo claro de vulneración de derechos ocurre en Guinea Bissau con otra
empresa arrocera: Agrogeba.
Con su llegada en 2010 al país, más de 600
personas fueron expulsadas de sus tierras, sin recibir compensación alguna,
teniendo que huir y buscar nuevas tierras donde vivir.
El inicio de una nueva era
“Ante este escenario es importante que el Estado español
sea un sólido garante de los derechos frente a la actuación de las empresas,
dentro y fuera de nuestras fronteras, si quiere que contribuyan positivamente a
la Marca España. Las
empresas que inviertan bien, con prácticas sostenibles y políticas de
protección de los derechos humanos serán las mejores embajadoras de la imagen
española”, señala Atienza
En este sentido, los nuevos marcos
normativos tanto en el ámbito internacional, como comunitario y nacional
brindan una excelente
oportunidad para que la
inversión privada tenga un impacto positivo. Desde 2011 los Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos, adoptados
por unanimidad en las Naciones Unidas, marcan un hito
al señalar expresamente la responsabilidad de las empresas de respetar los
derechos humanos.
La futura Directiva sobre Reportes no Financieros de la Unión Europea reforzará esa responsabilidad
obligando a las grandes empresas europeas que den cuenta anualmente de sus
impactos en derechos. Tras la tragedia de la fábrica textil de Bangladesh, del
pasado mes de abril, la
Unión Europea dio un paso más en el compromiso con los
derechos humanos con distintas Resoluciones del Parlamento europeo, en
donde se pide mayor implicación a los servicios exteriores de la Unión con los derechos
humanos.
España está elaborando actualmente el Plan Nacional sobre Empresa y
Derechos Humanos que introducirá los Principios Rectores de Naciones Unidas
en nuestro país. Se espera que el Plan esté finalizado en otoño de 2013. Según
Atienza, “el Plan debería
situar los derechos humanos en un lugar preferente dentro de las estrategias de
apoyo a la internacionalización de las empresas españolas. También debería
contener medidas específicas para su efectiva aplicación tanto en España, por
actores públicos, y fuera de ella (embajadas y oficinas comerciales), así como
evaluaciones periódicas de su grado de cumplimiento”.
“Con ello se garantizaría que el
dinero de los ciudadanos, a través de los Presupuestos Generales del Estado, no
contribuyen a la violación de los derechos humanos. Cambiar las prácticas de
las empresas es importante ahora más que nunca -continúa Atienza-
teniendo en cuenta la política
de incentivos a la
internacionalización del Gobierno español”.
España ha hecho de esta
internacionalización el eje fundamental de su política de Gobierno, y de la
diplomacia económica un objetivo prioritario de su política exterior. Y ese
apoyo no ha quedado en meras palabras. De las arcas públicas se han
destinado 4.215 millones de
euros en 2013, lo que representa casi tres veces el presupuesto de Ayuda
Oficial al Desarrollo.
Sin embargo, el apoyo a la
internacionalización no ha ido acompañado de procesos de seguimiento ni de
evaluaciones de impacto real. Uno de los ejemplos recientes de esta laguna se
percibe en los distintos créditos otorgados a Pescanova a través de la Compañía Española
de Financiación del Desarrollo (COFIDES). El último de ellos, de junio de 2012,
por valor de 10 millones de euros, se destinó a la filial de Pescanova en
Nicaragua, a pesar de los innumerables casos de malas prácticas que ya eran
públicos para entonces. “Permitiéndolo,
el Gobierno español está contribuyendo y agravando las vulneraciones de derechos humanos”, asegura Atienza.
Consumidor activo, esencial para el
cambio
Según el informe, los consumidores
se perfilan como otro de los actores fundamentales para no permitir abusos.
“Los ciudadanos quieren empresas social y medioambientalmente respetuosas, que
no vulneren los derechos humanos y están dispuestos
a pagar más por
productos elaborados en condiciones que favorezcan a sus trabajadores, al medio
ambiente y a los pequeños agricultores”, concluye Atienza.
Para conseguirlo, el informe anima a
los ciudadanos a cambiar su forma de comprar alimentos y a consumir productos
de comercio justo, como herramienta eficaz de desarrollo. Asimismo, les alienta
a participar en acciones de movilización que
exijan a las empresas mayor
transparencia y rigor en su
compromiso con los derechos humanos y
al Gobierno que ejerza su rol
regulador.
Porque la movilización da resultados. La campaña Tras la Marca-CRECE , en la que se enmarca este
informe, y que tiene como objetivo cambiar las políticas y prácticas de las 10
grandes empresas agroalimentarias a nivel mundial, ha conseguido a través de la movilización de 100.000
personas de todo el mundo, que las compañías Mars, Nestlé y Mondelèz se comprometan a tomar medidas
contra la desigualdad, el hambre y la pobreza que sufren las mujeres que
producen cacao en sus cadenas de suministro.
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