Más de 5.000 personas ya se han sumado a la campaña Jóvenes sin tierra = Tierra sin futuro, apoyada por el Nobel Pérez Esquivel

Paraguay registra la distribución de tierra más desigual de América Latina. En los últimos 10 años, 900 mil personas han sido expulsadas del campo, 585 mil de ellas menores de 30 años

Ya son más de 5.000 las personas que han firmado a favor de la campaña internacional que reclama que los jóvenes y las familias campesinas de Curuguaty (Paraguay) que se han quedado sin tierra puedan tener un lugar donde cultivar, producir alimentos y construir su futuro. La campaña de recogida de firmas pide al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, que entregue a las familias y jóvenes del municipio de Curuguaty la propiedad pública de las tierras conocidas como Marinakue, hoy ocupadas por una empresa local dedicada a la producción de soja, como consecuencia de un proceso judicial irregular. Las campesinas y campesinos que reclaman la tierra iniciaron en 2004 el trámite administrativo previsto por el Estado paraguayo para otorgar propiedades públicas disponibles a familias rurales sin tierra.

La compra de grandes extensiones de tierra para monocultivos para la exportación o para la producción de agrocombustibles está provocando hambre y violación de derechos humanos en muchos países en desarrollo. No es la primera vez que Oxfam Intermón denuncia un caso de acaparamiento de tierras. El año pasado, más de 100.000 personas se movilizaron para resolver otro caso de acaparamiento de tierra en Guatemala, y se consiguió que el Gobierno de ese país iniciase una entrega de tierras a campesinos que habían sido expulsados de su territorio.

La campaña Jóvenes sin tierra = tierra sin futuro, organizada por Oxfam Intermón, comunidades afectadas por el acaparamiento y la Articulación por Curuguaty –agrupación de 40 organizaciones y colectivos paraguayos- se desarrollará en Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, España y otros países donde Oxfam y otros movimientos sociales tienen presencia. Organizaciones campesinas y líderes de distintos países, como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, ya han hecho pública su adhesión a la iniciativa.

 “Mi llamada es para la ciudadanía global comprometida con los derechos humanos; hagamos de Curuguaty una bandera por la justicia y la dignidad de los campesinos y campesinas de Paraguay, de América y del mundo entero”, dijo el Nobel. “Quienes garantizan la soberanía alimentaria no tienen tierra y si eso sigue así, la tierra no tendrá futuro. Usemos nuestra voluntad para cambiar sus vidas”, añadió.

“Muchos jóvenes no tenemos tierra y eso nos obliga a irnos a las afueras de las grandes ciudades”, explica Rodolfo Castro, presidente de la Comisión Campesina de Lucha por la Tierra de Curuguaty y uno de los jóvenes que pide al Gobierno paraguayo un lugar para cultivar y vivir.

“El presidente Cartes debe escuchar el clamor de justicia que llega desde Curuguaty y que ahora llegará desde muchos lugares del mundo”, afirma Concepción Oviedo, representante de la Articulación por Curuguaty. “En Paraguay y en toda América Latina, la lucha de las familias campesinas afectadas por la concentración de la tierra es una lucha por el derecho a una vida digna y a un futuro libre de pobreza y exclusión”.

Para el director de Oxfam Intermón en Paraguay, Oscar López, “las tierras de Curuguaty son el futuro de sus jóvenes. Si las familias campesinas del país -conformadas en su mayoría por menores de 30 años- no acceden a la propiedad de la tierra, el proyecto de desarrollo social del Gobierno no será efectivo. El futuro de Paraguay pasa por la transparencia, la defensa de los bienes públicos y la creación de oportunidades para toda la población y especialmente para el campesinado, que produce los alimentos que consumimos”.

La campaña se presentó el pasado 29 de abril en Paraguay, donde tuvo una buena acogida mediática y popular. Paraguay es el cuarto exportador de soja del mundo y dedica a ese producto el 92% de su tierra cultivable. Junto a Guatemala y Colombia, encabeza la lista de países con la distribución de tierra más desigual de América Latina, el continente que en las últimas décadas ha expulsado más población del campo hacia la ciudad y donde 4 de cada 10 jóvenes vive en la pobreza. Al igual que en Paraguay, esta expulsión está vinculada a la disputa por el control del agua y la tierra, recursos estratégicos para la producción mundial de alimentos y energía.  

Sobre el caso Curuguaty 

En 2004, un grupo familias campesinas sin tierra, la mayoría jóvenes, se instalan en las tierras públicas conocidas como Marina Kue, donadas al Estado en 1967 por la empresa Industrial Paraguaya, e inician gestiones para que el Gobierno entregue esas 2.000 hectáreas en el marco de la reforma agraria. Mientras tanto, cuando en 2005 el Gobierno decide medir las tierras para repartirlas entre los campesinos, la empresa Campos Morombí inicia un juicio para reclamarlas, y lo gana de forma irregular.

Empieza ahí una disputa legal que paraliza el acceso de las familias campesinas a la tierra durante más de 8 años y que en junio de 2012 concluye con un violento desalojo. Las familias que estaban en ese momento en la finca acabaron envueltas en una desproporcionada intervención policial (250 policías con helicópteros y armas contra 35 campesinos) que se saldó con 11 campesinos y 6 policías muertos. Por todo ello, la población campesina y algunas organizaciones recuerdan los hechos como la “masacre de Curuguaty”. Una semana después, el presidente de Paraguay, el ex obispo Fernando Lugo, acusado de incapacidad para gobernar, fue sometido a un juicio político y destituido por la Cámara de Senadores.

El juicio de los campesinos imputados aún está en marcha. Después de varias huelgas de hambre, han conseguido que los que aún estaban encarcelados hayan pasado recientemente a prisión domiciliaria.

Sobre el acaparamiento de tierras 

Paraguay es uno de los países con el acceso más desigual a la tierra en todo el mundo. A las razones históricas que explican ese fenómeno, se suma la reciente expansión de la frontera agrícola debido al boom de la soja. Por ejemplo, en el 2005 el 4% de los productores de soja manejaron el 60% del total de la superficie con este cultivo, mientras que el restante 76% de los productores sólo accedieron al 7% del total sembrado. 

En este contexto, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala apenas tienen acceso a tierra y por tanto a una fuente de ingresos. Como consecuencia, mucha población joven se ve obligada a abandonar el campo y emigrar a los anillos de miseria de la capital o a otros países. Según el censo agropecuario de 2008, la agricultura familiar solamente posee 1.900.000 hectáreas, aún cuando en el pasado el INDERT le asignó más de 3.800.000 hectáreas, sobre todo en la región oriental, donde se concentra hoy la producción de soja. Esto significa que en ese período han pasado a manos de grandes y medianos propietarios la mitad de las tierras que habían sido distribuidas a personas sujetas a la reforma agraria. 

Además, las ganancias millonarias del agronegocio paraguayo prácticamente no pagan impuestos. Por los 30 millones de hectáreas de tierra productiva agropecuaria apenas se recaudan 0,16 dólares por hectárea y año. La soja, además, aún no paga impuesto a las exportaciones.