El Gobierno español muestra poco compromiso con la lucha contra la pobreza

Oxfam Intermón afirma que la financiación al desarrollo no puede quedar en manos de los intereses del sector empresarial en la Cumbre de Adis Abeba

La financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles se aprobará en  la III Conferencia que se celebrará en Adis Abeba (Etiopía) del 13 al 16 de julio. Se estima que son necesarios 1,5 billones de dólares para garantizar la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, y aún quedan muchos flecos por decidir sobre cómo cumplir con estos objetivos. Es un momento clave para alcanzar compromisos y definir el modelo de desarrollo por el que se apuesta.

Pero a pesar de lo histórico del momento, el Gobierno español muestra un escaso nivel de compromiso, y la delegación española que viajará a Etiopía no contará con una representación de alto nivel político.

“Es paradójico que España, que  está ocupando un asiento en el consejo de Seguridad de la ONU y que en breve presidirá este organismo, no ponga toda la carne en el asador en la cumbre en la que se tiene que tienen que definir objetivos y la forma de financiarlo para los próximos 15 años”, afirma Jaime Atienza, Director de Campañas y Ciudadanía de Oxfam Intermón.

En particular, Oxfam alerta sobre el preocupante giro que están tomando las negociaciones. Por un lado, los intereses del sector empresarial están dominando las negociaciones y propuestas que saldrán de la cumbre, defendiendo un modelo de desarrollo basado en la ejecución privada con fondos públicos.

“Durante todo el proceso de negociación los países ricos han bloqueado sistemáticamente cualquier intento por rediseñar unos estándares internacionales que ahora están totalmente sesgados a su favor y de los intereses empresariales”, afirma Atienza.

Este desequilibrio cuesta a los países en desarrollo miles de millones de dólares al año. Se estima que, desde 2008, por cada dólar que los países en desarrollo reciben (a través de inversiones extranjeras directas, ayuda al desarrollo, etc.), pierden aproximadamente dos dólares, principalmente debido a flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal y el pago de la deuda externa.

Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, ha declarado: “Es el momento de reequilibrar el diseño del sistema fiscal internacional, el modelo de cooperación al desarrollo y el peso de las alianzas público-privadas (financiación pública – ejecución privada). Es fundamental que se antepongan las necesidades de la mayoría, en lugar de los intereses de una minoría. Solo entonces podremos esperar movilizar los recursos necesarios para acabar con la pobreza y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Uno de los elementos más conflictivos en las negociaciones previas a Adis Abeba ha sido la  propuesta de reforma de la arquitectura fiscal internacional defendida por los países emergentes y en desarrollo. Los países ricos están bloqueando la creación de un organismo fiscal intergubernamental que pondría coto no solamente a las prácticas de evasión y elusión fiscal de las grandes empresas, sino que también permitiría rediseñar los criterios fiscales en favor de los intereses de los países en desarrollo. Según las estimaciones de la UNCTAD, los países en desarrollo pierden 100.000 millones de dólares al año como consecuencia de la fuga artificial de beneficios de grandes empresas hacia paraísos fiscales y las prácticas de evasión y elusión fiscal. “No hay voluntad real de abordar las incoherencias del sistema fiscal internacional de tal forma que los países en desarrollo puedan retener los impuestos que les corresponden en lugar de ver cómo lo beneficios se fugan artificialmente hacia paraísos fiscales”, comenta Susana Ruiz, responsable de fiscalidad justa en Oxfam Intermón.

En Adis Abeba se pretende igualmente dar luz verde a la ampliación del papel de las alianzas público privadas, es decir los esquemas de financiación pública pero con ejecución privada. Sin embargo, sin los controles y las salvaguardias necesarias, el resultado puede ser más perjudicial que beneficioso para las personas que más lo necesitan.

“Los precedentes lo corroboran, como hemos visto con la construcción y gestión de un hospital privado en Lesoto que ha consumido hasta el 51% del presupuesto de sanidad de todo el país, dejando muchas áreas rurales con niveles peligrosamente bajos de cobertura sanitaria”, añade Atienza.

“En Adis Abeba debe tomarse la decisión de crear un organismo fiscal internacional en el que todos los países trabajen en igualdad de condiciones para acabar con  las injusticias del sistema fiscal internacional, con los abusos de muchas grandes empresas que se aprovechan de los agujeros del sistema para pagar lo mínimo, negando a los países en desarrollo miles de millones de dólares en ingresos realmente necesarios. En Adís Abeba deben también abrirse los ojos ante los peligros que encierran estas alianzas con el sector empresarial y establecer las garantías necesarias para asegurar que el dinero público no se despilfarra en iniciativas público-privadas con dudosos beneficios para las personas pobres”.

Oxfam hace un llamamiento para que en Adis Abeba se den los siguientes pasos:

-Impulsar la creación de un organismo fiscal intergubernamental que garantice la participación de todos los países en igualdad de condiciones en la toma de decisiones, ampliando en el futuro la cobertura de las reformas fiscales internacionales para abordar las cuestiones que de verdad interesan a los países en desarrollo y el impacto de la evasión y elusión fiscal en los países en desarrollo.

-Renovar el compromiso de los países ricos de destinar el 0,7% de su PIB a la cooperación al desarrollo, en un plazo de 5 años, con al menos el 50% dirigida a los países más pobres del planeta. También deben comprometerse a que los recursos destinados a la lucha contra el cambio climático sean adicionales a los de la ayuda oficial al desarrollo (AOD).

-Asegurar que se instauran los controles y salvaguardas adecuados para garantizar que alianzas público-privadas y los proyectos de financiación pública con ejecución privada tienen un impacto en la reducción de la pobreza y promueven el desarrollo sostenible; estos fondos no pueden ser nunca un sustituto de los recursos destinados a AOD.