Intermón Oxfam pide al Gobierno español una respuesta contundente a la destitución de Lugo en Paraguay

Para la organización, la desigualdad en el uso y la tenencia de la tierra en Paraguay (y otros países) está condicionando los sistemas democráticos y los derechos de los campesinos a una vida digna

Los recientes incidentes ocurridos en Curugaty (Paraguay) que acabaron con la vida de 11 campesinos y 6 policías y que motivaron  la destitución del presidente Fernando Lugo, demuestran cómo los grandes intereses agropecuarios (de la soja, en este caso) podrían estar condicionando los sistemas democráticos de países pobres e impactando en la subsistencia de los campesinos que son los que producen gran parte de los alimentos que se consumen en el país.

Por ello Intermón Oxfam, demanda del Gobierno español una respuesta contundente a la destitución del presidente Lugo realizada en un juicio político exprés y no reconocido por la mayoría de los países de la región, así como una petición para que se respeten los derechos de los agricultores frente al acaparamiento de tierras para monocultivo, que viola derechos y medios de subsistencia y priva a la población de alimentos básicos.

“Lo que estamos viendo en Paraguay no es el primer caso, ni lamentablemente será el último, en que los intereses de grandes inversiones agropecuarias de monocultivos deciden sobre el destino democrático de los países pobres. Es preciso recomponer un sistema alimentario mundial que hoy está al servicio de intereses particulares, permitiendo la acumulación de grandes extensiones de tierras para monocultivos destinados a la exportación y a la producción de agrocombustibles y que desplaza al campesino de las tierras donde produce la comida para la comunidad” afirma Raquel Checa, Departamento de Campañas y Estudios, Intermon Oxfam.

Paraguay es hoy en día el cuarto exportador mundial de soja, cuya demanda internacional crece exponencialmente propiciada por China y la UE para la alimentación de ganado y la producción de agrocombustibles. El 28% de la soja que importa la UE proviene de este país. La exportación de este grano representa más de la mitad de las exportaciones del país y tan sólo en 2010 su Producto Nacional Bruto (PNB) creció un 15%, el más alto de rápido en la región. Sin embargo, a pesar de estas cifras, cuatro de cada diez paraguayos viven en la pobreza (más del 10% de la población presenta problemas de desnutrición, según los datos de Naciones Unidas) y el 77% de la tierra cultivable está en manos del 2% de la población. Se calcula que cada año, 9.000 familias rurales son desalojadas por productores de soja y que un millón de acres de tierra se convierten en campos de soja.

Para garantizar el respeto a los derechos de los agricultores, pedimos al gobierno español que contribuya a mejorar las normas internacionales que regulan la tenencia de tierras,  apoyando la implementación de las Directrices Voluntarias sobre Gobernanza de la Tierra de las Naciones Unidas; y que  integre salvaguardas y criterios ambientales y sociales en los mecanismos de financiación de inversiones exteriores en agricultura. Estas prácticas abusivas se están produciendo hoy en numerosos países ante la pasividad de la comunidad internacional y de los gobiernos locales, condenando a miles de personas a la expulsión de sus propias tierras y a la pobreza extrema.